Venezuela: diálogo bajo presión de Washington
Vierne5. / Política.
La tercera ronda de diálogo llega a su cierre entre hermetismo, presión electoral y una creciente influencia de Washington.
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La tercera ronda de diálogo entre el Gobierno provisional venezolano y el sector opositor encabezado por Dinorah Figuera entra este miércoles 21 de octubre en su jornada prevista de cierre sin que, hasta las primeras horas del día, hayan sido divulgados acuerdos finales. Después de una semana de conversaciones en Caracas sobre garantías políticas, derechos civiles y futuras elecciones, el hermetismo vuelve a colocar una pregunta incómoda en el centro de la transición: ¿cuánto pueden decidir las delegaciones sin que los ciudadanos conozcan oportunamente qué se negocia en su nombre?
El proceso comenzó el 14 de octubre y cuenta con un respaldo particularmente activo de Estados Unidos. Washington considera estas conversaciones parte de la reconstrucción institucional posterior a la captura de Nicolás Maduro y ha pedido avances en reforma electoral, libertades políticas y renovación de instituciones. Pero esa influencia estadounidense se ha vuelto más visible justo cuando la negociación alcanza uno de sus momentos más delicados.
En menos de una semana, Estados Unidos reactivó el destacamento de seguridad de Marines en su embajada en Caracas y Donald Trump calificó de “interesante” la posibilidad de una eventual competencia electoral entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Ninguno de esos hechos significa que Washington haya decidido quién debe gobernar Venezuela, pero ambos muestran hasta qué punto la política estadounidense se encuentra hoy entrelazada con la transición venezolana.
Una tercera ronda con resultados todavía bajo reserva
Fuentes vinculadas al proceso habían informado que la tercera ronda culminaría este miércoles después de concentrarse en garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral. Hasta el martes, según EFE, no habían trascendido detalles sobre acuerdos definitivos.
Durante la semana, la delegación opositora sostuvo encuentros con organizaciones no gubernamentales, representantes del sector salud y miembros del Colegio de Abogados, que presentaron propuestas relacionadas con derechos fundamentales y reforma del sistema de justicia.
Ese método de consulta aporta elementos de participación social, pero no resuelve la principal crítica alrededor de la mesa: la diferencia entre consultar sectores y transparentar las decisiones finales.
Dinorah Figuera ha defendido el diálogo como un mecanismo indispensable y ha insistido en que deben existir resultados verificables. La prueba será precisamente esa: que al término de esta ronda puedan identificarse compromisos, responsables y plazos concretos.
Entre los asuntos que permanecen abiertos figuran:
- las garantías para la participación política de todas las corrientes;
- la eventual revisión de inhabilitaciones;
- la renovación del Consejo Nacional Electoral;
- la reforma del sistema judicial y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia;
- la libertad de expresión y las restricciones sobre medios digitales;
- la situación de los detenidos por motivos políticos;
- y, sobre todo, la definición de una ruta hacia elecciones competitivas.
El verdadero problema del hermetismo
La confidencialidad forma parte de muchas negociaciones políticas. Permite que las partes exploren soluciones sin convertir cada propuesta preliminar en una crisis pública. Pero existe una diferencia entre discreción negociadora y opacidad permanente.
Venezuela acumula una larga historia de mesas de diálogo en las que los ciudadanos terminaron conociendo más sobre las declaraciones de los negociadores que sobre los compromisos concretos asumidos.
Por eso esta tercera ronda tiene una exigencia adicional. No basta con anunciar que hubo avances. Será necesario explicar qué cambió respecto de la situación anterior y cuál es el mecanismo para comprobar que lo acordado se cumple.
Un sistema democrático no puede reconstruirse únicamente mediante acuerdos entre dirigentes. Necesita procedimientos que permitan a la ciudadanía conocer quién negocia, qué materias pueden ser objeto de negociación y cuáles derechos no deberían depender de concesiones políticas.
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Los Marines vuelven a Caracas, pero no como fuerza de intervención
La reactivación del Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en la embajada estadounidense provocó inevitablemente lecturas políticas debido al peso de Estados Unidos en la Venezuela actual. Sin embargo, conviene distinguir el hecho de las interpretaciones.
La ceremonia se realizó el 16 de octubre con la presencia del general Eric M. Smith, comandante del Cuerpo de Marines, y del encargado de Negocios estadounidense, John Barrett. La embajada explicó que se trata de la restauración del sistema habitual de Marine Security Guards encargado de proteger instalaciones y personal diplomático estadounidense en diferentes países.
La información disponible no demuestra que el destacamento tenga una misión de intervención política o militar dentro de Venezuela. Tampoco existen elementos públicos suficientes para describir su instalación como una decisión unilateral impuesta al Gobierno venezolano.
Deutsche Welle explicó que la medida restablece el protocolo normal de seguridad diplomática después de la reapertura de la embajada. Washington, no obstante, la presentó también como otro paso dentro del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
La distinción importa porque la presencia de uniformados estadounidenses en Caracas tiene una carga histórica y política evidente después de los acontecimientos de enero. Convertir una guardia diplomática en una supuesta fuerza de ocupación sería exagerar el hecho; ignorar su valor simbólico también sería un error.
Trump introduce a Delcy y Machado en una misma hipótesis electoral
El segundo acontecimiento ocurrió el lunes 19 de octubre en Washington. Al ser preguntado si le gustaría ver a Delcy Rodríguez y María Corina Machado competir en unas futuras elecciones venezolanas, Trump respondió: “Bueno, eso sería interesante”.
La frase, recogida por EFE, tuvo inmediata repercusión política, pero sus límites son igualmente importantes.
Trump no anunció candidaturas, no respaldó a ninguna de las dos dirigentes, no fijó una fecha electoral y tampoco afirmó que exista un acuerdo para que ambas compitan.
Su comentario muestra, sin embargo, que Washington contempla públicamente un escenario en el que representantes del actual gobierno y de la oposición puedan terminar enfrentándose electoralmente.
Eso añade presión a la mesa de Caracas. Antes de discutir quién podría competir, Venezuela necesita determinar si todos podrán hacerlo bajo reglas conocidas y quién administrará esas reglas.
Machado permanece fuera de la negociación
María Corina Machado sigue sin participar en las conversaciones encabezadas por Figuera. Tampoco forma parte de ellas Edmundo González Urrutia.
Machado ha criticado su exclusión y mantiene una estrategia centrada en exigir fecha para elecciones presidenciales, garantías políticas y condiciones para regresar al país. Vente Venezuela ha convocado además nuevas acciones de calle para reclamar un cronograma electoral.
Figuera, por su parte, sostiene que el proceso está abierto a otros sectores y ha defendido la necesidad de reconstruir las instituciones antes de unas elecciones definitivas.
La disputa no debe simplificarse como una pelea personal. Existen dos preguntas estratégicas distintas:
- ¿deben reformarse primero las instituciones para después convocar elecciones?
- ¿o debe fijarse primero una fecha electoral que obligue a completar esas reformas dentro de un plazo?
Ambas posiciones comparten, al menos en el discurso, el objetivo de llegar a elecciones competitivas. Lo que las separa es la secuencia, el ritmo y el grado de confianza en el proceso negociador.
Washington tiene cada vez más influencia, pero eso no equivale a soberanía transferida
El papel estadounidense resulta imposible de ocultar. Marco Rubio recibió a Figuera en Washington antes de esta ronda y expresó respaldo total a la delegación negociadora. Estados Unidos también levantó recientemente sanciones contra Jorge Rodríguez, principal interlocutor gubernamental en la mesa.
Al mismo tiempo, Washington tiene intereses económicos cada vez mayores en Venezuela. La reapertura petrolera está atrayendo inversión, empresas internacionales están ampliando operaciones y la administración de Delcy Rodríguez espera decenas de miles de millones de dólares en inversiones energéticas durante los próximos años.
Esa combinación de poder diplomático, económico y político explica las dudas sobre el grado de autonomía de la transición.
Pero afirmar que Venezuela está simplemente “tutelada” por Estados Unidos sería ir más allá de lo que permiten demostrar los hechos disponibles. Existe una influencia estadounidense extraordinaria y explícita. También existe un Gobierno venezolano que continúa tomando decisiones, una Asamblea Nacional operativa, actores opositores con estrategias diferentes y una sociedad que mantiene capacidad de presión.
La verdadera discusión debe centrarse en cómo evitar que la necesaria cooperación internacional se transforme en sustitución de la soberanía ciudadana.
Los rumores sobre cambios en el gabinete deben tratarse como lo que son
En paralelo circulan versiones sobre supuestos planes de Washington para promover nuevas modificaciones dentro del gabinete de Delcy Rodríguez e incorporar perfiles técnicos vinculados a la recuperación económica y energética.
La versión fue atribuida originalmente por diversos medios al diario español ABC. Hasta ahora, no existe confirmación pública independiente de la Casa Blanca ni del Gobierno venezolano que permita presentarla como una decisión adoptada.
La información tiene relevancia porque encaja con un proceso previo de cambios ministeriales y con la creciente tecnificación de determinadas áreas del Ejecutivo. Pero una coincidencia con tendencias existentes no convierte un reporte no confirmado en un hecho.
En una transición dominada por rumores, filtraciones y mensajes interesados, distinguir entre información confirmada y versiones es una obligación periodística.
Las sanciones se convierten en instrumento de negociación
El levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Jorge Rodríguez el mismo día en que comenzó esta tercera ronda fue otra señal del nuevo enfoque de Washington.
Las sanciones ya no funcionan únicamente como castigo. También están siendo utilizadas como incentivos para facilitar acuerdos, interlocución y cambios institucionales.
Eso puede acelerar negociaciones, pero introduce otra interrogante: quién determina cuándo una concesión política venezolana es suficiente para recibir una recompensa económica o diplomática estadounidense.
Para que la transición conserve legitimidad, los criterios esenciales no deberían quedar reducidos a la relación entre Caracas y Washington. Deben responder a derechos verificables de los venezolanos.
La tercera ronda será juzgada por lo que pueda demostrarse
Cuando esta ronda termine formalmente, la primera obligación de las delegaciones debería ser explicar sus resultados. Si existe acuerdo sobre garantías políticas, debe conocerse su contenido. Si hubo avances en materia electoral, deberían presentarse plazos. Si algunos asuntos permanecieron sin consenso, también debería decirse.
El país necesita pasar de las frases generales a compromisos que puedan ser fiscalizados.
Un acuerdo serio debería permitir responder preguntas básicas:
- ¿qué instituciones serán renovadas y cuándo?
- ¿cómo se garantizará la habilitación de organizaciones y dirigentes?
- ¿cuándo comenzará la reforma electoral?
- ¿cómo participará la diáspora?
- ¿qué ocurrirá con quienes permanecen detenidos por motivos políticos?
- ¿cuándo podrá discutirse una fecha presidencial concreta?
Si las delegaciones no pueden responderlas, el hermetismo comenzará a pesar más que los avances.
Venezuela necesita acompañamiento internacional, pero también información
El dilema venezolano no consiste en rechazar automáticamente la participación estadounidense ni en aceptar que Washington determine el ritmo del país. Venezuela necesita cooperación internacional, inversiones, reconstrucción institucional y garantías externas capaces de reducir el riesgo de incumplimientos.
Pero necesita igualmente preservar algo más elemental: que el futuro político pueda ser conocido, discutido y finalmente decidido por los ciudadanos.
Los Marines custodiando una embajada no deciden una elección. Una frase de Trump tampoco designa candidatos. Una sanción levantada no constituye un acuerdo democrático. Y una negociación reservada no puede considerarse exitosa hasta que sus resultados sean verificables.
Ese es el punto central de esta tercera ronda.
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Venezuela puede necesitar mediadores y aliados para salir del laberinto, pero ninguna transición será plenamente democrática si el ciudadano descubre los acuerdos únicamente después de que otros hayan decidido por él.
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